Studio 341 NewsEl Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma de la Ley de Tierras Rurales que modificaría de manera sustancial el régimen de compra de campos por parte de extranjeros y colocaría a la Argentina entre los países con menos restricciones de Sudamérica para este tipo de inversiones.
La iniciativa, que será debatida este jueves en el Senado, propone eliminar los límites vigentes para personas y empresas privadas extranjeras, al tiempo que establece mayores exigencias cuando los compradores sean Estados extranjeros, compañías estatales o sociedades bajo su control.
La normativa actual, la Ley 26.737, impide que los extranjeros superen el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio. También fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la adquisición de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y zonas de frontera. Sin embargo, según datos oficiales, solo alrededor del 6% de las tierras rurales argentinas pertenece hoy a propietarios extranjeros.
Con la reforma, Argentina adoptaría un esquema más flexible que el de Brasil, donde la legislación limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio y establece que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% de esa superficie, bajo supervisión del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).
También quedaría por debajo de Uruguay en materia de controles. Aunque el país vecino no restringe la compra de tierras por extranjeros, exige identificar a los beneficiarios finales de las sociedades propietarias, registrar la titularidad de los inmuebles y transparentar la composición accionaria. Incluso, el Parlamento uruguayo analiza endurecer esos requisitos, especialmente en zonas fronterizas.
Paraguay, por su parte, presenta uno de los mayores niveles de extranjerización de la tierra en la región. Diversos estudios estiman que entre el 14% y el 19% del territorio rural pertenece a propietarios extranjeros y que, en algunos departamentos limítrofes con Brasil, esa participación alcanza el 60%. No obstante, los especialistas señalan que ese escenario responde a un proceso histórico y no a una política de apertura sin restricciones.
Desde el Ejecutivo argumentan que la legislación vigente desalienta inversiones de gran escala, particularmente en proyectos forestales, de riego y cultivos permanentes en el NEA, Cuyo y la Patagonia. El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que la reforma busca distinguir entre el capital privado y los gobiernos extranjeros: mientras los primeros dejarían de tener restricciones para adquirir tierras, los segundos continuarían sujetos a autorizaciones específicas y controles reforzados.
Si el Congreso convierte el proyecto en ley, Argentina pasará de tener uno de los regímenes más restrictivos para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros a integrar el grupo de países con mayor apertura de la región.
