Studio 341 NewsEl plan de ajuste del empleo público impulsado por el gobierno de Javier Milei empieza a generar resistencias dentro de sus propias filas. Aunque los primeros despidos contaron con un amplio respaldo del oficialismo, el panorama cambió con el paso de los meses, a medida que los organismos comenzaron a sentir el impacto de la reducción de personal y el deterioro salarial.
Durante 2024, los anuncios de desvinculaciones encabezados por el entonces vocero presidencial Manuel Adorni eran presentados como una medida necesaria para reducir el gasto estatal. Sin embargo, las dificultades operativas y la falta de trabajadores comenzaron a encender alarmas entre distintos funcionarios.
A ese escenario se sumaron los salarios congelados desde el inicio de la gestión libertaria. “No se le puede exigir a la gente con sueldos de pobreza”, cuestionó una funcionaria de Cancillería que, tras reclamar mejoras remunerativas para su equipo, decidió regresar al sector privado.
En ese contexto, el nuevo régimen de retiro voluntario tampoco cosechó adhesiones unánimes. Dentro del Gobierno señalan al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como uno de los principales impulsores de los recortes.
Según datos del INDEC, la dotación de la administración pública nacional, empresas y sociedades cayó a 269.025 trabajadores en agosto de 2026. La cifra representa una reducción superior a los 74.000 puestos desde diciembre de 2023.
El Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, formalizó el régimen para empleados permanentes y trabajadores con contratos por tiempo indeterminado. Además, dispuso que las jurisdicciones deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes a quienes adhieran.
La medida reabre una discusión dentro del oficialismo: hasta dónde puede avanzar el ajuste sin afectar el funcionamiento cotidiano del Estado.
