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En medio de la escasez de gas que está afectando a numerosas estaciones de servicio e industrias en todo el territorio argentino, el gobierno liderado por Javier Milei ha tomado la decisión, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial este martes, de actualizar el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y el dióxido de carbono (CO2) a partir del 1° de junio. Esta medida resultará en un nuevo aumento en los surtidores.
El Decreto 466/2024, firmado por Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el exjefe de Gabinete Nicolás Posse, establece un ajuste correspondiente al cuarto trimestre del año 2023 y al primer trimestre del año 2024 que impactará en la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
Según la normativa actual, tanto el ICL como el CO2 deben actualizarse trimestralmente en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, durante la gestión de Alberto Fernández se optó por posponer los aumentos para evitar una mayor presión sobre los bolsillos de los automovilistas y transportistas.
El congelamiento impositivo estaba en vigor desde mediados de 2021 hasta la llegada de Milei a la Casa Rosada. Ante esta situación, el oficialismo emitió el Decreto 107/2024, que estableció un cronograma de incrementos escalonados sobre los montos del gravamen. De esta manera, los ajustes pendientes se implementarían en febrero, marzo, abril y mayo de este año.
Sin embargo, el Ministerio de Economía decidió posponer el aumento de mayo para el 1° de junio a través del Decreto 375/2024, con el objetivo de no afectar el proceso de desinflación de los precios. Esta decisión se alineó con el aplazamiento del ajuste de tarifas de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
De acuerdo con un informe de Economía & Energía, durante el mes de junio debería aplicarse "el aumento del ICL y CO2 postergado mediante el Decreto 375/2024, correspondiente a la inflación del cuarto trimestre de 2023; y el ajuste del impuesto de acuerdo a la inflación del primer trimestre de 2024".
Se estima que esta actualización implicaría "un aumento del precio de las naftas en surtidor de alrededor de $138 por litro, mientras que en el caso del gasoil el incremento sería de aproximadamente $100 por litro", tomando en cuenta valores promedio a nivel nacional.
La adecuación de este tributo plantea un dilema complejo para el ministro de Economía Luis Caputo y su programa económico. Por un lado, actualizar la carga tributaria sobre los combustibles significa una mayor recaudación, lo cual respalda la política fiscal de La Libertad Avanza. Por otro lado, aumentar los impuestos sobre la nafta y el gasoil afecta los ingresos de los ciudadanos comunes y los profesionales del transporte, además de ejercer presión adicional sobre la inflación de junio.
A su vez, la reciente ola de frío polar ha tomado por sorpresa al Gobierno, provocando un pico inesperado en la demanda de gas. Ante el riesgo de escasez del fluido en los hogares, el Ministerio de Energía ha optado por una interrupción temporal del suministro en estaciones de servicio de todo el país.
En este contexto, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) ha abierto una licitación para importar 12 cargamentos de fueloil y gasoil por un monto que rondaría los US$ 500 millones, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico utilizando combustibles alternativos.
Además, diversos factores, como el cese de la obra pública en las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner y la reducción del suministro desde Bolivia, han complicado la oferta de gas en el país. Esto ha llevado a cortes parciales en aproximadamente 100 estaciones de servicio en la provincia de Buenos Aires y a complicaciones en otras provincias del país.
El titular de la Federación de Entidades de Combustible de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Basílico, ha señalado que el faltante de gas se espera que se resuelva con la llegada de 20 barcos destinados a la primera quincena de junio, junto con la importación de Gas Natural Licuado (GNL).
En resumen, el gobierno de Milei enfrenta el desafío de equilibrar la necesidad de aumentar la recaudación fiscal con el impacto que esto tiene en los bolsillos de los ciudadanos y la compleja situación energética que atraviesa el país.
