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Tras una maratónica sesión que se extendió por más de 12 horas en los Tribunales, las 41 empresas de medicina prepaga han llegado a un entendimiento para restituir a sus afiliados los montos cobrados en exceso, estableciendo un plazo de 12 cuotas para dicho reintegro. La decisión se fraguó en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°3, bajo la dirección del magistrado Juan Rafael Stinco.
Según lo acordado, los afiliados verán reembolsado un equivalente al 24% de la cuota correspondiente al mes de julio, en un lapso de un año. Estos montos reintegrados serán ajustados periódicamente de acuerdo con el índice de costos de la salud, asegurando así una justa compensación.
Además, las compañías han propuesto un ajuste de precios en el tercer trimestre del año, el cual se vinculará al 95% de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec del mes anterior. A partir de octubre, se liberarán las tarifas, tal como dictamina el DNU 70/2024.
En otro giro, Nicolás Posse ha presentado su renuncia, siendo sucedido por Guillermo Francos, quien asumirá como nuevo jefe de Gabinete.
En un contexto adicional, las 7 empresas de medicina prepaga implicadas en denuncias por cartelización han solicitado la paralización de las investigaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Industria y Comercio, a través de la oficina de Defensa de la Competencia.
Sin embargo, fuentes de dicha Secretaría han aclarado que tal medida no puede ejecutarse dentro del marco de una audiencia judicial, dado que los expedientes están en curso en instancias diferentes. Para avanzar con esta propuesta, las empresas deberán presentar un compromiso dentro del expediente ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el cual será sometido a análisis por dicha Comisión y por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne. Por lo tanto, la investigación continuará hasta esclarecer los hechos denunciados.
La convocatoria para este encuentro fue realizada por el juez Stinco a petición de diversas entidades prepagas, luego de que, el pasado 3 de este mes, el juez concediera una medida cautelar solicitada por la Superintendencia contra 23 empresas acusadas de cartelización para el aumento de las cuotas a partir de enero.
Recientemente, las autoridades del sector de Salud han solicitado la incorporación de otras 18 entidades a la causa, sumando así un total de 41 empresas involucradas en este proceso.
