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Los proyectos inmobiliarios Damfield y La Reserva, ubicados estratégicamente al sur de Funes y cercanos a importantes vías como la ruta provincial 34-S y la Autopista Rosario-Córdoba, se encuentran en el epicentro de una controversia debido a su emplazamiento en zonas propensas a inundaciones. Esta situación ha motivado la intervención del Gobierno provincial.
Enrique Estévez, ministro de Ambiente de Santa Fe, brindó declaraciones detalladas sobre el tema: “El desarrollo de La Reserva carece completamente de documentación oficial. No se trata de una simple demora administrativa; en el caso de Damfield, aunque han solicitado un segundo certificado y un estudio al INA (Instituto Nacional del Agua), han obtenido permisos de manera extraordinariamente rápida. Desde que presentaron el expediente, apenas transcurrió un mes hasta que se les otorgó la actualización”.
"Estas actividades se desarrollan en el contexto de la represa del arroyo Ludueña, cuyo desbordamiento en la década de 1980 afectó gravemente la zona oeste de Rosario. En respuesta, se construyó la represa como medida de drenaje, prohibiendo expresamente cualquier tipo de edificación en sus inmediaciones. En aquel momento, el gobierno provincial procedió con expropiaciones y limitaciones de uso en estos terrenos. La gestión de esta cuenca debe ser sumamente rigurosa para prevenir futuros problemas”, advirtió Estévez.
El ministro destacó la ilegalidad de los desarrollos en Damfield: “Mientras que las actividades deportivas cuentan con aprobación, el loteo residencial carece del certificado esencial de impacto ambiental. El municipio de Funes otorgó su autorización bajo la condición de cumplir con los requisitos de los Ministerios de Obras Públicas y Ambiente. Aunque se les ha concedido un certificado hidráulico, solicitamos una investigación sobre funcionarios anteriores debido a la falta del segundo certificado, crucial para iniciar cualquier construcción”.
Estévez expresó su preocupación por los posibles efectos negativos de estas acciones: “Con estos temas no se puede actuar de manera laxa. Construir sin los permisos adecuados podría tener consecuencias devastadoras, incluidas pérdidas de vidas humanas. La existencia de una represa implica restricciones claras contra cualquier intento de urbanización o impermeabilización de estos terrenos”.
El ministro también señaló deficiencias en la coordinación interinstitucional: “Estamos trabajando para establecer un sistema de gestión más eficiente y transparente mediante una mesa de entrada única. La participación de la Empresa Provincial de la Energía en los estudios de impacto ambiental es crucial para evaluar la viabilidad de estos proyectos. Reconocemos que existen retrasos administrativos, pero esto no justifica el avance en actividades que contravienen la ley”.
“Hemos observado recientemente en Brasil las consecuencias desastrosas de una planificación inadecuada del uso del suelo, que llevó a graves inundaciones. Por ello, estamos llevando a cabo estudios exhaustivos de la cuenca del Ludueña aguas arriba para evaluar el grado de impermeabilización y su impacto aguas abajo. Estos estudios podrían reducir hasta un 70% los conflictos futuros”, aseguró Estévez.
Finalmente, el ministro hizo un llamado a la Fiscalía del Estado para que inicie acciones legales si corresponde: “Es fundamental investigar la legalidad de la propiedad de estos terrenos, algunos de los cuales fueron previamente expropiados. Potencialmente, nos enfrentamos a casos de fraude y estafa en esta situación”.
