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El presidente Javier Milei promulgó hoy la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el paquete de medidas fiscales, una norma que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.
A través de los Decretos 592 y 593, publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la ley aprobada por el Congreso que otorga facultades al Poder Ejecutivo para llevar a cabo reformas en el Estado. Esta acción se realizó horas antes de la firma del Pacto de Mayo, que tendrá lugar esta noche en la Casa Histórica de la provincia de Tucumán.
De esta manera, Milei tendrá la capacidad de modificar, eliminar o reorganizar organismos de la administración central y descentralizada, excluyendo universidades y ciertos cuerpos judiciales y legislativos.
Los decretos fueron firmados por el presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para garantizar la implementación de estas leyes.
Según fuentes de la agencia Noticias Argentinas, el gobierno libertario dará prioridad a la reglamentación del ámbito fiscal, con un enfoque particular en la restitución del Impuesto a las Ganancias y en el ejercicio de las facultades delegadas. Se espera que estas medidas entren en vigencia en un plazo de dos meses.
Entre los aspectos más destacados de la ley se encuentra la privatización de empresas estatales como Nucleoeléctrica Argentina S.A. y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
En lo que respecta al empleo público, se establece la situación de disponibilidad para el personal afectado por las reestructuraciones, con un plazo máximo de 12 meses durante el cual recibirán capacitación o desempeñarán funciones en servicios tercerizados del Estado. En caso de no formalizarse una nueva relación laboral al finalizar este periodo, el trabajador será desvinculado automáticamente.
La normativa también autoriza la renegociación o rescisión de contratos de obra pública, concesión, construcción o provisión de bienes y servicios, cuando su suspensión o rescisión sea más conveniente para el interés público.
