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A través del Decreto 873/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno declaró formalmente a Aerolíneas Argentinas como una empresa estatal sujeta a privatización. Según el Ejecutivo, "tras 16 años de la estatización, los objetivos propuestos no fueron concretados", lo que llevó a la administración de Javier Milei a avanzar en esta medida.
La noticia ya había sido anticipada la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había señalado que el Presidente firmaría un decreto para incluir a Aerolíneas dentro de las disposiciones del artículo noveno de la Ley 23696, más conocida como la Ley de Reforma del Estado.
La normativa, que deberá ser avalada por el Congreso, responde a la política de apertura económica impulsada por el Gobierno. Según el decreto, la privatización busca que la aerolínea opere bajo "criterios de eficiencia comercial", fomentando la competencia en igualdad de condiciones. "Esto no implica la pérdida de soberanía nacional", remarcó el texto oficial.
El documento agrega que la privatización mejorará el servicio, resguardará los fondos públicos y permitirá que "los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente". En este sentido, la medida cobra mayor relevancia en un contexto marcado por las protestas del personal de Aerolíneas, que incluyen medidas de fuerza en las últimas semanas.
En un párrafo que apunta directamente contra los trabajadores, el Gobierno subrayó que, pese a los malos resultados económicos de la compañía, sus empleados mantienen "importantes beneficios" que agravan la situación. Entre estos, mencionó pasajes gratuitos en clase ejecutiva para pilotos y sus familiares, descuentos especiales para el personal jubilado, y el pago de suplementos en dólares.
La firma del decreto coincide con un proyecto de privatización presentado por el diputado macrista Hernán Lombardi, que no logró obtener los apoyos necesarios en el Congreso. Sin embargo, fuentes del oficialismo aseguraron que se está trabajando para avanzar en el dictamen la semana que viene, con el apoyo de diputados del PRO, MID y La Libertad Avanza (LLA).
Desde el entorno presidencial advirtieron que, si el Congreso no aprueba la privatización antes de fin de año, la empresa podría ser entregada a los empleados o, directamente, desaparecer. "El conflicto con los gremios parece haber llegado a un punto sin retorno", señalaron fuentes oficiales.
El futuro inmediato de la aerolínea también depende de la definición de un nuevo Gerente de Operaciones, cargo clave para su funcionamiento, ya que quien ocupaba el puesto renunció. La empresa tiene plazo hasta el 16 de octubre para nombrar a un sucesor, fecha en la que también se realizará la Asamblea de Accionistas, en la que se decidirá la posible expulsión del sindicalista Pablo Biró del Directorio. Según trascendió, la propuesta de los pilotos para ocupar ese puesto fue calificada como "descabellada" por fuentes cercanas al Gobierno.
