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En medio de una fuerte tensión entre el gobernador Maximiliano Pullaro y la cúpula del Poder Judicial, los trabajadores judiciales de toda la provincia realizaron ayer un paro de cuatro horas con presencia en sus lugares de trabajo. Además de los reclamos salariales y laborales habituales, exigieron al mandatario “respeto a la independencia del Poder Judicial”, un pedido que ya había hecho un día antes el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez. La Casa Gris, en su afán por “renovar” la Justicia, aspira a remover a Gutiérrez y a dos magistrados más, todos mayores de 75 años.
Desde la puerta de los Tribunales de Rosario, el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Jorge Perlo, expresó enérgicamente: “Queremos que el gobernador cumpla con la ley y respete la independencia del Poder Judicial”.
La huelga, que podría repetirse la próxima semana si no se reciben respuestas, expone el trasfondo de una disputa abierta entre los poderes Ejecutivo y Judicial. “Hace un mes presentamos los reclamos administrativos para los expedientes de promociones y ascensos de personal, pero el gobernador no los firma ni nos explica por qué. Es un trámite de rigor”, dijo Perlo.
El presidente de la Corte también se pronunció el miércoles, cuestionando las declaraciones de Pullaro sobre la "eficiencia" judicial. “Hoy hay 94 cargos judiciales vacantes en la provincia, más del 25% sin designar”, puntualizó Gutiérrez, y recordó que Pullaro retiró pliegos de jueces, fiscales y defensores a fines de 2023. “Son 129 decretos que esperan su firma para concursos, ascensos y jubilaciones. Todo está frenado en el Ejecutivo”, sentenció.
Papeles pisados y expedientes trabados
En sintonía con Gutiérrez, Perlo denunció el bloqueo en los trámites de ascenso: “Hay trabajadores esperando subir de categoría hace diez meses, pero el expediente sigue sin firma. Esa diferencia salarial entre categorías es un derecho”.
La situación no se limita a los ascensos. Perlo denunció que concursos ya realizados para cargos definitivos, sobre todo de fiscales, continúan sin definirse, con funcionarios subrogantes en sus puestos. En el Poder Judicial interpretan estos bloqueos administrativos como parte de la pulseada que Casa Gris mantiene contra el Palacio de Justicia.
Desde el gobierno, aseguraron que son 109 los decretos pendientes, y no 129, aunque el retraso prolongado contribuye a la “ineficiencia” del servicio judicial, una de las críticas de Pullaro.
“Nos quieren quitar derechos”
Perlo también apuntó contra las demoras en el pago de retroactivos desde mayo: “Nos deben plata desde hace meses. Los trabajadores no somos privilegiados”, replicó en relación a la visión del gobierno santafesino, que acusa a los empleados públicos de gozar de prerrogativas que los sindicatos defienden como derechos adquiridos. “No permitiremos que nos quiten nuestros derechos”, advirtió el dirigente sindical.
La bronca de los empleados judiciales estalló en Santa Fe, donde los ministros Fabián Bastía (Gobierno), Pablo Cococcioni (Seguridad) y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, fueron abucheados durante la jura de los nuevos miembros de la Cámara de Ejecución Penal, un acto que también estuvo salpicado por cuestionamientos a la intervención del gobierno en el proceso de selección de los magistrados.
