Studio 341 News
El Gobierno nacional oficializó esta mañana lo anunciado ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto a la posibilidad de que las fuerzas de seguridad presten los servicios de rampa en los aeropuertos en caso de medidas de fuerza de los trabajadores de Intercargo. A través de la Resolución 49/2024, publicada en el Boletín Oficial, se autoriza el proceso para otorgar las licencias necesarias a quienes cumplan con los requisitos legales, técnicos y económicos, a fin de que puedan operar en este ámbito.
Según un comunicado del Ministerio de Transporte, la medida, promovida por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad y la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, se considera esencial tras los incidentes ocurridos esta semana en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery. "Es crucial un enfoque integral y sistemático para la atención en tierra de las aeronaves y los servicios de rampa", señalaron desde la cartera oficial.
La normativa permitirá que las fuerzas de seguridad actúen de manera inmediata en situaciones de paros encubiertos o acciones de fuerza que perjudiquen a los pasajeros, garantizando así la continuidad de los servicios de rampa y aeroportuarios operacionales de manera temporal y excepcional. Esta medida beneficiará tanto a las líneas aéreas como a los usuarios, al evitar mayores trastornos.
En lo que va del año, Intercargo ha llevado a cabo 16 asambleas y 4 paros, causando importantes perjuicios a los pasajeros, quienes en varias ocasiones se han visto varados dentro de las aeronaves o a la espera de su equipaje. "Con esta desregulación, los pasajeros no serán más rehenes de medidas gremiales ajenas a sus intereses", subraya el comunicado oficial.
A su vez, se establece que, al haberse desregulado completamente los servicios de rampa, cualquier operador privado que cumpla con los requisitos podrá acceder a este mercado, lo que obligará a Intercargo a competir en igualdad de condiciones con otras empresas. "Esto favorecerá la competencia y beneficiará a los usuarios y pasajeros", aseguraron desde el Gobierno.
Por último, la resolución también se enmarca en el principio de Silencio Positivo, con el objetivo de desburocratizar los trámites. Así, una vez cumplidos los requisitos operativos, técnicos y de seguridad, la autorización será automática y tendrá una duración de 15 años, con posibilidad de renovación.
El Gobierno nacional continúa avanzando en su estrategia de desregulación del transporte aéreo, adaptando los servicios aeroportuarios a las necesidades del mercado actual y buscando mejorar la experiencia de los usuarios en todo el país.
