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En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro vuelve a tensar la cuerda. Mientras seis antichavistas resisten en la embajada argentina en Caracas, acosados por cortes de luz, agua y alimentos, el chavismo apunta ahora a silenciar cualquier debate sobre las sanciones que Estados Unidos prepara contra sus jerarcas.
La Asamblea Nacional, dominada por aliados de Maduro, aprobó por unanimidad una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel para quienes hablen, incluso en redes sociales, sobre estas sanciones. La norma también inhabilita a los condenados para ocupar cargos públicos por hasta 60 años y les impone multas que van de los 100.000 a un millón de dólares.
En su cruzada, el régimen busca extender su brazo incluso más allá de las fronteras. Según la nueva legislación, los opositores fuera del país podrán ser juzgados en ausencia si no se presentan a las audiencias. Uno de los primeros en la mira es Edmundo González Urrutia, candidato presidencial exiliado en España y reconocido por Washington como “presidente electo” de Venezuela.
“Es una ley para poner orden y establecer límites frente a la actitud vendepatria de un pequeño sector de venezolanos que se convierten en lacayos del imperio”, afirmó Maduro en un discurso.
Una ley "Bolívar" con sabor a ironía
La flamante legislación, bautizada “Ley Libertador Simón Bolívar”, responde directamente al proyecto BOLIVAR aprobado en noviembre por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Este endurece las sanciones contra el régimen y prohíbe negocios con funcionarios chavistas o empresas vinculadas al gobierno de Maduro.
Desde Caracas, el chavismo no tardó en reaccionar. “De manera desvergonzada, le han colocado (a la ley estadounidense) el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo”, señaló la Cancillería en un comunicado.
Las tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones diplomáticas en 2019, podrían escalar aún más si Donald Trump regresa al poder. En tanto, Maduro asegura estar listo para la confrontación: “Si el imperialismo aprieta su marcha para tratar de hacerle daño a Venezuela, nosotros recontra apretaremos la marcha”.
Medios y redes, bajo la lupa
La nueva ley chavista apunta especialmente a los medios de comunicación y las redes sociales. Se sancionará con multas millonarias y hasta revocaciones de concesiones a quienes difundan mensajes favorables a las sanciones estadounidenses.
El gremio periodístico denuncia que esta norma es un paso más en la asfixia mediática que vive el país, con cientos de cierres de medios en los últimos 25 años. En el caso de extranjeros que promuevan las sanciones, la ley prevé su expulsión de Venezuela, no sin antes confiscarles sus bienes.
La escalada represiva del chavismo refuerza el clima de persecución y censura que asfixia al país. Para muchos, esta ley no solo es un nuevo intento de Maduro de blindarse, sino una declaración de guerra a cualquier disidencia.
