Por sorteo, la magistrada conducirá la causa promovida por Claudio Lozano contra el Presidente. Ese expediente recopilará las demás presentaciones por este hecho.
Actualidad17/02/2025
Studio341News
La jueza federal María Servini quedó a cargo este lunes 17 de febrero de la investigación por las denuncias contra el presidente Javier Milei, quien es acusado de promover en la red social X (ex Twitter) la criptomoneda $LIBRA, que tras un fuerte impulso inicial se desplomó, generando cuantiosas pérdidas a los inversores. Junto a Servini, también fue designado el fiscal federal Eduardo Taiano.
El sorteo de la causa se realizó de manera manual, mediante un bolillero, por decisión de la Cámara Federal, que buscó evitar sospechas sobre eventuales manipulaciones en el sistema electrónico. Los jueces incluidos en el sorteo eran Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Julián Ercolini, María Eugenia Capuchetti, Ariel Lijo y Servini, quien finalmente resultó sorteada.
La denuncia fue impulsada por el economista Claudio Lozano, titular de Unidad Popular, junto a otros dirigentes y especialistas, quienes acusan al presidente de integrar una "asociación ilícita" responsable de una "megaestafa" que, según sus estimaciones, afectó a más de 40.000 personas con pérdidas que superarían los 4.000 millones de dólares.
Entre los firmantes de la presentación se encuentran el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad; el especialista en nuevas tecnologías Marcos Zelaya y la ingeniera María Eva Koutsovitis, fundadora del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
Los denunciantes sostienen que Milei fue parte de una estafa bajo la modalidad "Rugpull", una maniobra en la que los creadores de un token captan inversores, elevan su valor y luego se retiran abruptamente, dejando a los compradores sin posibilidad de recuperar su dinero. "Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la posibilidad de intercambiar sus tokens por activos más estables o de curso legal", explicaron.
La denuncia pide que se adopten "medidas cautelares de protección de prueba", como el allanamiento a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada para incautar dispositivos electrónicos, así como la identificación y allanamiento de los domicilios de los implicados y de las empresas involucradas.
También solicitaron una "intervención y pericia sobre la plataforma X" para preservar los registros de la cuenta presidencial, incluyendo los tuits eliminados. Asimismo, reclamaron el "bloqueo de las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados" y el rastreo de las transacciones de $LIBRA para identificar a los eventuales beneficiarios de la operación.
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