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El asesinato de Kim Gómez en La Plata, a manos de dos adolescentes de 14 y 17 años, reavivó el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad. El Gobierno Nacional busca acelerar el tratamiento del proyecto de ley para reducirla a 13 años y endurecer el régimen penal juvenil.
Actualmente, la legislación vigente impide que uno de los detenidos por el crimen, de 14 años, sea juzgado. Esa situación provocó una fuerte reacción oficial. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en pronunciarse: “Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser ¡URGENTE! Los argentinos no podemos esperar más”, expresó en sus redes sociales.
Bullrich apuntó además contra la gestión de Axel Kicillof y pidió apoyo para la iniciativa oficialista: “No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes, y menos aún de los reincidentes. Kicillof, tu inutilidad está costando vidas. Esperemos que tus diputados aprueben esta ley, o ¿estás a favor de que esto siga pasando?”.
Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reforzó el mensaje en conferencia de prensa. “Es una aberración. Independientemente de su edad, no pueden seguir conviviendo en sociedad y matando gente”, sostuvo.
El proyecto de ley, enviado al Congreso el 15 de julio por los ministros Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), plantea un nuevo Régimen Penal Juvenil. Reduce la edad de imputabilidad a 13 años y fija una pena máxima de 20 años, con la prohibición de la reclusión perpetua.
En el Gobierno insisten en la necesidad de avanzar con la reforma. Argumentan que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes”, lo que genera una sensación de injusticia en la sociedad y en las víctimas.
El detalle del proyecto
El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
En su redacción se determina que no se le impondrá al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20, aunque la escala penal podría ser más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señala que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”.
“En este sentido, cabe destacar que la Ley N° 22.278, actual Régimen Penal de la Minoridad, sancionada en 1980, no responde a los principios reconocidos en la Constitución Nacional y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”, agrega.
El oficialismo destaca que “por ello que resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social".
Por su parte, destaca que desde la sanción de la ley penal juvenil “el mundo, nuestra realidad, los adolescentes, su actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes - muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales- y con las necesidades de la sociedad”.
