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Como parte de un plan de cuatro etapas, se está llevando a cabo la actualización gradual de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, con un esquema de traslado de cargos pendientes desde el tercer trimestre de 2021 hasta el mismo período de 2023. Esta medida representa un aumento del 4% en el precio, mientras que el resto del incremento se justifica por el alza en los biocombustibles, la variación del tipo de cambio y el precio del crudo a nivel internacional.
En respuesta a estas variables, las principales operadoras del país, incluyendo a YPF, Shell (operada por Raizen), Axion y Puma, han decidido aumentar los precios en un 7,5%. Estas empresas controlan conjuntamente el 95% del mercado, lo que significa que el impacto se sentirá ampliamente en todo el país.
Este aumento se suma a una serie de incrementos que han elevado los precios de los combustibles en un 95% desde mediados de diciembre en distintas ciudades del país. Como consecuencia, la demanda ha experimentado una fuerte caída, especialmente en productos premium, con descensos de hasta el 25% en enero.
En términos de cifras, las ventas totales de naftas y gasoil han disminuido un 5,7% en enero con respecto al mismo período del año anterior, y un 7,5% en comparación con diciembre pasado. Estas cifras, proporcionadas por la Secretaría de Energía, reflejan el impacto directo de los constantes aumentos en el sector.
Con la corrección impositiva programada para completarse en abril y mayo, seguida de una próxima actualización en junio según el Índice de Precios al Consumidor del Indec del primer trimestre de 2024, se espera que la presión sobre los precios de los combustibles continúe en el corto plazo. Esto representa un nuevo desafío para los consumidores y para la economía en general, que ya ha enfrentado un aumento del 2% en el último año en comparación con 2022.
