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El Gobierno ha revelado una lista de empresas de medicina prepaga y hospitales comunitarios que han aplicado aumentos desmedidos, promediando un 160% entre diciembre y marzo.
En respuesta a esta situación, se ha emitido la orden de revertir dichos ajustes y ajustar las tarifas según el índice de costo de vida, lo que resultará en una devolución de dinero para los afiliados en la próxima cuota a liquidarse este mes.
La medida, oficializada por el Gobierno, requiere que las empresas retrotraigan las tarifas a los niveles de diciembre y las recalculen, ajustándolas al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Entre las principales prepagas señaladas se encuentran OSDE, Swiss Medical, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé y Omint.
El Gobierno también ha puesto el foco en la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que las agrupa, así como en Claudio Fernando Belocopitt, actual presidente de Swiss Medical S.A. y expresidente de la UAS.
La decisión gubernamental fue anunciada por el portavoz Manuel Adorni, quien detalló que "por disposición del Ministerio de Economía, un grupo que abarca casi el 75% de los afiliados a empresas de medicina privada, revertirá el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustándolas por IPC desde entonces".
Estas empresas deberán aplicar, como máximo, el índice IPC durante los próximos seis meses.
El Ejecutivo informó que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) ha encontrado indicios de un posible acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país.
Según los datos proporcionados por la Superintendencia de Seguros de Salud, OSDE lidera con el 31,1% de participación en cantidad de afiliados, seguida por Swiss Medical con el 14,8%, Galeno con el 8,3%, Omint con el 4,7% y Medifé con el 3,1%.
Además, se destaca que el Hospital Alemán cubre a 58.000 afiliados y el Hospital Británico a 36.000.
Adorni afirmó que la medida es de aplicación inmediata y que "las cuotas que lleguen a los afiliados deben retrotraerse a diciembre de 2023, ajustarse por el IPC hasta la fecha y determinar, en su caso, la cuota que corresponderá pagar".
"Es importante destacar que existe una presunción de cartelización. Cuando esta presunción se confirma y puede tener un impacto severo en el orden público, como en este caso que afecta a millones de argentinos, se dicta esta medida de tutela anticipada para evitar que el daño continúe", insistió el portavoz.
