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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, atraviesa el momento más crítico de su gestión. Dos frentes explosivos —uno financiero y otro institucional— se combinan para poner al máximo dirigente del fútbol local bajo una presión inédita.
Por un lado, la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia penal contra Sur Finanzas SA, una financiera estrechamente ligada a Tapia, que patrocina a Barracas Central y a la Liga Profesional. La acusación es contundente: evasión del Impuesto al Cheque y una maniobra masiva de presunto lavado de activos.
La investigación detalla un movimiento de fondos que ronda los $818.000 millones provenientes de un “circuito marginal”: operaciones realizadas a través de la billetera digital de la firma por personas sin actividad económica declarada o inscriptas en categorías muy bajas del monotributo. Solo en tributos eludidos, la DGI calcula un perjuicio fiscal superior a los $3.300 millones.
El avance de la causa impacta de lleno en la figura de Tapia, especialmente por la exposición pública del vicepresidente de la financiera, Maximiliano Ariel Vallejo, quien suele mostrarse cercano al titular de la AFA.
Pero el frente judicial no es el único. En paralelo, estalló el “PDFgate”, luego de que el Tribunal Oral Federal 7 comprobara que la AFA intentó sancionar a Estudiantes de La Plata por el polémico “pasillo de espaldas” a Rosario Central utilizando un Boletín Oficial con fecha de febrero de 2025… creado el domingo 23 de noviembre, horas después del partido.
El hallazgo abrió la puerta a una posible denuncia por adulteración de documento público. Desde Estudiantes ya analizan acudir a la Justicia si la AFA insiste en sancionarlos.
En el edificio de Viamonte el clima es de máxima tensión. Y la pelota, esta vez, no parece estar del lado de Tapia.
