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La magnitud del escándalo se extiende más allá del ex presidente, involucrando a otros empresarios y ex funcionarios de Nación Seguros, entidad central en la trama que se examina.
La orden de inhibición se produce en un momento particularmente sensible, apenas días después de la renuncia de Mauro Tanos, ex titular de Nación Seguros. Ercolini, al frente de la pesquisa, ha dispuesto esta medida ante la sospecha de una red de contrataciones millonarias, donde intermediarios privados habrían lucrado de forma indebida.
La pesquisa se concentra en torno al Decreto 823/2021, instrumentado por el ex presidente, que vincula al Sector Público Estatal con la contratación exclusiva de servicios de seguros con Nación Seguros SA, generando comisiones que rondan los $3.400 millones.
La decisión judicial no solo afecta a Fernández, sino que se extiende a empresarios y ex funcionarios de Nación Seguros. Alberto Pagliano, ex gerente de la entidad, y diversos intermediarios y entidades comerciales se encuentran bajo la lupa de la Justicia.
La solicitud de levantamiento de secreto fiscal y bancario no solo alcanza a Fernández, sino también a Pagliano, María Cantero y otros involucrados, desde el año 2009 hasta la fecha presente.
Este nuevo capítulo en la investigación, avalado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, emerge a raíz de una denuncia derivada de una auditoría del gobierno de Javier Milei. Irregularidades detectadas en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández han desencadenado un proceso judicial que promete revelar la verdadera magnitud de este escándalo de corrupción.
