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La jueza Loretta Preska dio luz verde a un nuevo golpe contra la Argentina en el juicio por la deuda soberana en default desde la crisis de 2001. Ordenó embargos por US$ 210 millones y congeló otros US$ 100 millones hasta que dos grupos de acreedores (Attestor Master y Bainbridge Fund) concluyan su disputa.
El Gobierno había intentado sin éxito frenar el reclamo ante la Corte Suprema de EE.UU., pero la Justicia norteamericana ratificó el derecho de los acreedores a ejecutar sus demandas.
Otro revés financiero para el país
Este nuevo revés llega días después de que tenedores de bonos del "cupón PBI" se quedaran con US$ 325 millones que Argentina había dejado en garantía para apelar un juicio en Reino Unido. Ahora, la decisión de Preska habilita a los acreedores a tomar posesión de fondos depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, Alemania y Suiza.
"La jueza Loretta Preska aprueba el embargo de USD 210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. En la misma orden, congela otros USD 100 millones hasta que dos grupos de acreedores culminen la disputa", explicó el analista Sebastián Maril en la red X.
La causa fue impulsada por holdouts que no aceptaron los canjes de deuda en 2005, 2010 y 2016, y consiguieron una sentencia favorable que obliga a Argentina a pagar un total de US$ 477 millones.
El impacto político del fallo
Desde la mirada de Maril, el Gobierno podría convertir la situación en un activo político. "Si yo fuese el Presidente Javier Milei, hago Cadena Nacional y explico bien por qué no ejecutan estas sentencias", afirmó el analista.
Este fallo llega en medio del desembarco del nuevo procurador del Tesoro, Santiago María Castro Videla, quien reemplazó a Rodolfo Barra. La situación complica a la gestión libertaria en su intento de estabilizar las cuentas externas del país.
El origen del conflicto
El embargo afecta a los colaterales de los Bonos Brady, instrumentos respaldados por bonos del Tesoro estadounidense, emitidos en 1993 cuando Argentina se sumó al Plan Brady para reestructurar su deuda.
El litigio tiene su origen en 1994, cuando siete fondos de inversión compraron bonos argentinos que luego quedaron en default en 2001. Desde entonces, los demandantes libraron una batalla judicial que derivó en embargos como el que ahora ejecuta la Justicia norteamericana.
Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master compraron deuda en default y nunca ingresaron a los canjes que impulsó el país. Representan menos del 3% de los tenedores originales de esa deuda y llevaron su reclamo hasta las últimas instancias.
Cuando Argentina adhirió al Plan Brady, renunció a derechos soberanos clave y aceptó someterse a la jurisdicción de tribunales en Nueva York, Londres y Frankfurt. Así, se abrió la puerta a litigios que, décadas después, siguen generando embargos y fallos adversos para el país.
