Pullaro respalda el blanqueo de Milei pero refuerza el cerco contra el lavado en Santa Fe

Los ministros provinciales de Economía y Justicia y Seguridad, Pablo Olivares y Pablo Cococcioni, brindaron una conferencia de prensa este viernes luego de la presentación del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos

Rosario23/05/2025Studio341NewsStudio341News
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El gobierno de Santa Fe salió a respaldar el anuncio del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos que lanzó la Casa Rosada, aunque anticipó que redoblará los controles para evitar que el blanqueo de capitales termine beneficiando a las mafias.

Este viernes, desde la sede de Gobierno en Rosario, los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, brindaron una conferencia de prensa donde dejaron en claro el acompañamiento político al paquete de medidas impulsado por Javier Milei, pero también encendieron las alarmas sobre el posible uso espurio de los fondos que se regularicen.

“El plan trae beneficios para el 99% de la población, pero también puede ser una ventaja para el 1% restante, donde están las organizaciones criminales”, advirtió Olivares, al referirse al programa de blanqueo de dólares lanzado por el Ejecutivo nacional.

Por su parte, Cococcioni fue tajante: “Tenemos que asegurarnos de que los flujos patrimoniales y financieros no terminen financiando a las bandas que han sembrado violencia y muerte en Rosario y en toda la provincia”.

En ese sentido, los funcionarios confirmaron que el gobernador Maximiliano Pullaro dio la orden de armar un comité interministerial —con participación de distintos organismos del Estado— para diseñar un plan de "disrupción patrimonial y financiera" enfocado en personas vinculadas al delito.

El primer paso será la recolección de información desde la Subsecretaría de Inteligencia, con el fin de trazar un mapa de los movimientos económicos de las organizaciones criminales. A partir de ahí, el gobierno planea avanzar con medidas para restringir sus operaciones y cortarles el acceso a bienes y servicios.

“No puede ser que alguien procesado por narcotráfico o identificado como parte de una banda pueda inscribir una sociedad comercial, comprar un inmueble o hacer trámites en el Estado provincial”, sentenció Cococcioni.

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