Fuerte ajuste en el Estado: el Gobierno disuelve organismos clave del transporte y crea una nueva agencia de control

El Gobierno nacional avanza con su política de recorte y reorganización del Estado: decidió disolver la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Además, llevará adelante una profunda reestructuración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), todos organismos que dependían de la Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La medida, que ya se venía gestando desde hace tiempo, comenzó a tomar forma concreta a través de un proyecto de decreto que, según anticiparon, será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.

En su reemplazo, el Ejecutivo pondrá en marcha un nuevo organismo: la “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, que tendrá a su cargo la fiscalización de todas las concesiones viales y de los servicios públicos de transporte en jurisdicción nacional.

Entre las funciones centrales que asumirá la flamante agencia, se destacan la supervisión del cumplimiento de los contratos de concesión, los acuerdos de operación y los permisos de explotación en los servicios de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas. También podrá realizar inspecciones in situ y exigir información clave a los operadores y concesionarios.

Además, se ocupará de controlar la ejecución de los contratos de concesión vial, en coordinación con los organismos encargados de los procesos licitatorios, buscando evitar la superposición de funciones y asegurar transparencia en los procesos.

Otra de las tareas asignadas será la de fiscalizar y garantizar que los servicios públicos de transporte terrestre cumplan con las condiciones técnicas y operativas necesarias para asegurar la continuidad y la seguridad en la prestación.

La nueva agencia también estará facultada para supervisar que las empresas ferroviarias adopten todas las medidas necesarias para proteger los bienes afectados a los servicios y resguardar tanto a las personas como a las cargas transportadas.

El organismo podrá aplicar sanciones en caso de incumplimientos, tanto en los servicios de transporte automotor como ferroviario y en las concesiones viales. Incluso tendrá la posibilidad de iniciar acciones civiles o penales y asistir a la Secretaría de Transporte en los temas de su competencia.

Por otro lado, se le asignará la tarea de velar por los derechos de los usuarios, gestionando quejas y denuncias, y conduciendo investigaciones técnicas cuando sea necesario para mejorar la calidad, la eficiencia y la seguridad de los servicios de transporte.

La agencia también fiscalizará y percibirá tasas, derechos y aranceles vinculados a sus funciones, aunque la determinación de esos montos deberá contar con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda. En caso de incumplimientos graves, podrá promover la suspensión o cancelación de permisos y licencias.

Asimismo, se encargará de investigar los accidentes ferroviarios más graves o significativos y tendrá competencia directa en los siniestros ocurridos en pasos a nivel.

Entre sus facultades también figura la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de sus funciones y de intervenir en los conflictos que surjan por la modalidad de acceso abierto en las concesiones ferroviarias.

Los fundamentos de la medida apuntan a un objetivo central: reducir lo que el Gobierno considera un “sobredimensionamiento de la estructura estatal”. En este sentido, se ampara en la potestad del Poder Ejecutivo para reorganizar, transformar o disolver organismos, modificando sus competencias o transfiriendo funciones a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires, siempre que se garantice la asignación de recursos.

Según explicaron desde el Ejecutivo, el recorte busca optimizar el funcionamiento del Estado y avanzar en una política de ajuste y achique, en línea con el discurso oficial de “eficiencia y austeridad”.